CHACO: ABUSO SEXUAL: SUMAN TESTIMONIOS Y DECLARARÍAN LOS DOS POLICÍAS

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Los denunciados por abuso sexual de una adolescente el viernes 30 dentro de un patrullero en el barrio Las Palmeras en General San Martín, el sargento primero Rodolfo Ariel Luna (42) y el agente Martín Pera (24), deberán designar abogados defensores y en la semana tendrán que prestar declaración de imputados.

Los acusados, de acuerdo con lo informado por el procurador general Jorge Canteros a este diario, están alojados en la comisaría de Capitán Solari, bajo una estricta seguridad a fin de preservalos y que no se autolesionen o sean atacados por otros presos.

El grave hecho institucional dentro de la Policía del Chaco tuvo una gran repercusión en los medios nacionales. El caso salió a luz luego de que un vecino de la víctima adolescente viera cómo los policías llevaron a la menor en el móvil, los siguió y logró filmarlos con su celular, para luego difundir el material a través de las redes sociales y la mensajería WhatsApp.

El caso obligó al jefe policial Ariel Acuña a apartar a Luna y Pera de sus puestos, reteniéndose las credenciales, armas y las municiones, además se les suspendió el pago de haberes y el Órgano de Control Institucional (OCI), procedió a la confección de un sumario administrativo

La mamá de la víctima radicó la denuncia horas después del hecho en la comisaría de General San Martín, luego la fiscal también colectó la declaración de la adolescente y, además, el vecino que reveló el indignante accionar de los policías también concurrió a contar sobre los hechos y dispuso su celular para que el video sea aportado como irrefutable material de prueba. Pero se sumaron otros testigos que de a poco se animan a romper el silencio, ofreciendo algunas precisiones sobre el proceder de algunos agentes durante las recorridas nocturnas.

La secretaría de Derechos Humanos desde el comienzo de la instrucción se puso en contacto con el Ministerio Público Fiscal, a fin de pedir medidas de protección, y una que se formalice la imputación a Luna y Pera, se constituiría como querellantes en

representación del gobierno ya que los involucrados son parte de una fuerza de seguridad.

La fiscal imputaría abuso sexual doblemente agravado de parte de funcionarios públicos con acceso carnal.