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Con los límites a la prisión preventiva, podrán pedir su libertad 8.348 detenidos

El martes que viene se modificarán los modos con los que se hace Justicia en la República Argentina. De acuerdo a las fuentes involucradas en este cuestión consultadas, dentro de horas saldrá publicado en el Boletín Oficial parte de la nueva implementación del Código Procesal Penal, es decir, las normas con las que deberán trabajar las autoridades del Poder Judicial. Estos cambios involucran a un punto que ya generó controversias, polémicas, o esperanzas, según sea el actor involucrado.

Es que se limitará la variable más relevante para cualquier acusado de cometer un delito en una causa judicial en su etapa de instrucción. La reforma se centra en cómo se decide si pasa su tiempo bajo investigación en libertad. O en la cárcel.

Por orden de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, se reducirán los argumentos, siempre basados en hechos de la realidad, con la que los magistrados podían hasta ahora ordenar la prisión preventiva de los procesados en sus expedientes.

El impacto de la medida provocó suspicacias debido a la fecha en la que se conoció, y más aún, en la que se oficializará: a pocos días del recambio del poder político nacional.

El 10 de diciembre asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, mientras que Mauricio Macri, entre otras autoridades nacionales que asumieron en el 2015, volverán al llano.

Fernández, ya desde antes de ser el candidato más votado en las PASO, había cuestionado a los jueces por lo que consideraba eran prisiones preventivas injustas que sufrían muchos políticos K que pasaban y en algunos casos aún sus días en cárceles federales.

Es indiscutible que la clase política ha encontrado un consenso en esta limitación a los métodos con los que los jueces ordenaban la detención de los procesados en sus causas. De acuerdo a información oficial de la Procuración Penitenciaria Federal, hay 8.348 personas privadas de su libertad que están encarcelados sin que la Justicia haya dictado sobre ellos una condena firme.

Todos ellos podrían accionar a través de abogados para pedir su libertad argumentando que fueron detenidos sin que se cumplieran las nuevas restricciones a las prisiones preventivas que impondrá el cambio sobre este punto en el Código Procesal Penal, aseguraron expertos en el tema.

Son potenciales delincuentes, procesados en causas que investigan si cometieron delitos que abarcan a todos los crímenes tipificados en del Código Penal.

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