LAS MEDIDAS QUE ANALIZA LA JUSTICIA PARA QUE PUEDAN VOTAR LAS PERSONAS CON CORONAVIRUS

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El 12 de septiembre se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la pandemia de coronavirus aún no habrá sido superada, pese al avance de la campaña de vacunación; sobre todo, porque las estadísticas sanitarias siguen mostrando cifras preocupantes de contagios y de muertes, y persiste la amenaza de un agravamiento de la situación epidemiológica del país con el ingreso de la variante Delta.

Desde la CNE, el máximo tribunal electoral del país, dijeron que los jueces electorales ya están evaluando alternativas. Una de ellas es sacar una urna a la vereda, para que estas personas puedan votar, si así lo desearan.

Otra es disponer un “cuarto oscuro accesible” por escuela, o COA, instaurado por una acordada dictada en 2011, para “personas con discapacidad o dificultad motriz”, ubicados preferentemente en la planta baja de los establecimientos de votación.

Una tercera alternativa es que voten “en su misma mesa pero con distancia física, con todos los elementos de protección sanitaria y con una posterior sanitización profunda del cuarto oscuro” que, en lo posible, debería ser un “cuarto oscuro específico”.

El artículo 37 de la Constitución nacional establece que el voto es “universal, igual, secreto y obligatorio” y el artículo 23, inciso b, de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que todos los ciudadanos tienen derecho a “votar y ser elegidos”.

Es decir que, en la Argentina, votar no sólo es un deber sino un derecho. Sin embargo, la regla mundial para quienes tienen Covid-19, son contactos estrechos o presentan síntomas es aislarse.

Pero en la Argentina, además de las reglas sanitarias, rige el Código Penal, que en su artículo 205 dice que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.