“MAFIA DE LOS CONTENEDORES”: PROCESAN POR EL CONTRABANDO DE 76 CARGAMENTOS A UN AGENTE DE CARGA

311

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó por el delito de contrabando agravado en grado de tentativa a Diego Vestillero, un agente de carga que intentó entrar al país 76 cargamentos de los detectados en la causa conocida como “la mafia de los contenedores”.

El magistrado le dictó un embargo a Vestillero por la cifra de $1.240.283.372. El Código Aduanero establece que el embargo puede ser de entre cuatro y 12 veces el valor de la mercadería contrabandeada. En este caso fue de cuatro veces y calculado al valor que el dólar tenía en 2015 cuando comenzaron a cometerse los delitos. El embargo al valor del dólar actual sería mucho mayor.

En la resolución de Aguinsky, se explica que un agente de carga es quien recibe el contenedor en Buenos Aires y luego envía los productos a los que pagaron por cada uno de ellos. Es el nombre que aparece en las operaciones cuestionadas por la Justicia ya que los destinatarios finales de los productos de los contenedores abandonados no han aparecido.

En la causa se comprobó la existencia de una banda de “cuentapropistas” transformados en prósperos empresarios, que tenían contactos en la Aduana y gracias a ellos modificaban la documentación para lograr liberar contenedores que estaban retenidos en el Puerto de Buenos Aires. Cobraban por hacer el trámite y estaban asociados con los aduaneros –funcionarios públicos– que posibilitaban esas operaciones ilegales. Movían millones. De ese modo entraba al país mercadería que de haber ingresado legalmente habría debido pagar mayores tasas impositivas.

La lista de productos que llegaron al país en los otros 75 contenedores es infinita. Allí venían entre otras cosas: muñecas, pilas, fundas y baterías para celulares, relojes, mochilas, carteras, maquillaje, perfumes, tejidos de punto, rollos de tela, aerosoles de pintura, pantalones para bebés, broches para el pelo, pulseras, cartas, stickers, sellos, estatuillas de cerámica, etcétera. Todos los productos entraban con declaraciones por ítems de menor valor. Una parte de lo incautado fue donada a entidades de bien público.