Prisión preventiva para los secuestradores del empresario

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El juez federal Julio Bavio dictó la prisión preventiva para los cuatro secuestradores del empresario Víctor Jiménez, por el cual pidieron un rescate de 5 millones de pesos.

En cuestión de horas, y como resultado de una investigación conjunta entre fiscales provinciales y federales, como lo promueve el Código Procesal Penal Federal, la víctima fue rescatada ilesa.

Bavio declaró la competencia federal de este caso de secuestro extorsivo seguido en contra de cuatro personas detenidas en los últimos días.

A instancia de los planteos realizados por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el magistrado también declaró la legalidad de las detenciones de los acusados, identificados como Héctor Joaquín Rodríguez, Ezequiel Maximiliano Toledo y los hermanos Franco Gerónimo y Héctor Mario Campo.

Asimismo, hizo lugar a la imputación penal por el delito de secuestro extorsivo agravado por la condición de la víctima (mayor de 70 años) y por la participación de tres o más personas en el hecho. A Toledo y Héctor Mario Campo, en tanto, le sumó el delito de resistencia a la autoridad agravada.

La prisión preventiva fue fundada en coincidencia con los argumentos expuesto por el fiscal, quien hizo hincapié en la naturaleza y gravedad del hecho, el riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso penal y la expectativa de pena desfavorable para los acusados.

Como ocurrieron los hechos

En su plan delictivo, los acusados le taparon el rostro a la víctima y dieron varias vueltas en busca de desorientarlo, tras lo cual lo llevaron hasta una vivienda en el barrio Los Paraísos, ubicado en la misma zona, donde lo mantuvieron cautivo.

Sobre este domicilio, el fiscal explicó, mediante una proyección digital, que Franco Campo había acordado con la dueña de la casa el alquiler de un cuarto, para un familiar, acuerdo que realizó un día antes, el 29 de noviembre.

Al respecto, el fiscal destacó que esta acción demostró la logística puesta en marcha por los acusados, quienes actuaron de acuerdo a un plan previamente diagramado y al cual se ajustaron. “En esta casa, los imputados le pidieron al empresario una suma de 50 millones de pesos de rescate, pero la víctima les dijo que era imposible, por lo que bajaron el monto a 5”, explicó.

Fue así como, desde el teléfono de Toledo, llamaron ese mismo día, a las 15.42 a un hijo del empresario, quien, bajo instrucciones de sus secuestradores, le pidió los 5 millones de pesos y argumentó que los necesitaba para cerrar un negocio que estaba por realizar con personas de Jujuy.

Este llamado, sin embargo, fungió como una alerta para la familia, la cual ya había iniciado la búsqueda del dueño de la empresa. El pedido de dinero fue totalmente inusual para los familiares, quienes dieron intervención a la policía.

Desde la Procuración General de la Provincia, se designó al fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio para la investigación del caso, como así también se tomó contacto con el fiscal general Eduardo Villalba, de la UFISA, puesto que se trata de un delito de competencia federal.

De esta manera, y en cuestión de horas, se llevó adelante una investigación conjunta entre el fiscal Ramos Ossorio y Toranzos, los que trabajaron con un equipo de investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), puesto a disposición por el procurador general Pedro García Castiella.