Robo de caños Gasoducto GNEA: declaran culpable al exintendente Prado

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Tras cinco meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 emitió su veredicto respecto a la responsabilidad penal de los 10 imputados llevados a juicio por robo de caños del Gasoducto del NEA (GNEA). El próximo lunes se avanzará con el juicio de determinación de pena.
Tras una larga exposición de los hechos, las pruebas y la calificación jurídica, el tribunal declaró culpables al destituido intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado; al titular de la empresa OSYP, Diego Alos, y a Adrián Vera. En este punto, los jueces compartieron la acusación planteada por la fiscalía en su alegato del 28 de octubre pasado.
Respecto a la calificación penal, el tribunal resolvió imponerles a Prado, Alos y Vera la figura penal de robo agravado en calidad de coautores. Descartaron la acusación por defraudación a la administración pública y a Vera le sumaron el delito de falsificación de documentos.
Los jueces absolvieron a Dante Rodríguez, quien había llegado a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños, en un hecho cometido en noviembre de 2019. También al exsecretario de Hacienda de Aguaray Fredy Marcelo Céspedes, los gerentes de la firma M&P Servicios Especiales, Miltón Saavedra y Bruno Degoy; Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser; el titular de la empresa Comarfil, Matías Rossi, y Cristián Buczek, encargado de la empresa ficticia Vera.
Tras el veredicto, el fiscal Villalba manifestó que la declaración de culpabilidad de los tres responsables principales “confirma lo que la fiscalía dijo desde el inicio del juicio: la puesta en marcha de un plan criminal para robarse los caños”.

En sus fundamentos, los jueces se refirieron en duros términos a las conductas de Prado y Alos, a quienes calificaron como socios de un “plan criminal”, cuyo único objetivo era concretar el mayor saqueo posible de los caños del GNEA. Más duros aún fueron los calificativos para Vera, a quien tildaron de “mentiroso” y “vende humo”, incluso resaltaron la falta de resonancia afectiva y la utilización que hizo de las personas con las que tuvo trato, con el único objetivo de sacar provecho de cada una de ellas.
En cuanto al hecho, el tribunal entendió que el plan de saqueo se inició en diciembre de 2019, con una reunión de Prado y Alos en una estación de servicio, tras lo cual se puso en marcha el primer tramo de la maniobra delictiva.
La misma consistió en la gestación de la Resolución Municipal 1215, la cual fue urdida con el único fin de darle ropaje legal al traslado de los bienes que tenían proyectados saquear de una planta petrolera instalada en la finca de Ñacatimbay, lo que se frustró por la férrea resistencia del administrador de esa propiedad.